BOLETÍN OFICIAL Nº 91 ANEXO – 15/08/18
MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
RESOLUCIÓN MPA Nº 983/2.018.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 06 ABR. 2.018.-
VISTO:
La “Diplomatura en Argumentación Jurídica” organizada por la Universidad Católica de Salta (U.CA.SAL.) y la “Carrera de Formación Profesionalizante Especializada para Fiscales Penales Acusatorios” organizado por el Consejo Federal de Política Criminal y la Universidad Nacional de Salta – Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales; y
CONSIDERANDO:
Que uno de los pilares fundamentales del Ministerio Público de la Acusación es la capacitación constante y permanente de todos sus integrantes.
Que el artículo 38 de la Ley Provincial N° 5.895 establece que la capacitación tiene el carácter de obligatoria, y forma parte de la Carrera dentro del Ministerio Público de la Acusación; por lo tanto, constituye un eje primordial de la política institucional brindar capacitaciones de calidad con juristas de gran nivel académico a quienes integran las diferentes Fiscalías.
Por ello, y en uso de las facultades previstas en los artículos 2, 3 y 17 de la Ley Provincial Nº 5.895;
EL FISCAL GENERAL DE LA ACUSACION
RESUELVE:
1.- Declarar de interés del Ministerio Público de la Acusación la “Diplomatura en Argumentación Jurídica” organizada por la Universidad Católica de Salta (U.CA.SAL.) y la “Carrera de Formación Profesionalizante Especializada para Fiscales Penales Acusatorios” organizado por el Consejo Federal de Política Criminal y la Universidad Nacional de Salta- Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales.
2.– Establecer el carácter obligatorio de los cursos indicados en el Punto anterior para los magistrados y funcionarios que establezca la Fiscalía General con intervención de la Escuela de Capacitación.
3.- El arancel que demande el cursado de los mismos será descontado por planilla de haberes.
4.- Protocolícese, tómese razón por Administración General y Escuela de Capacitación, notifíquese, publíquese íntegramente en el Boletín Oficial y archívese.
Dr. Sergio E. Lello Sánchez
Fiscal General